Argitan y Berri Otxoak denuncian que Alokabide intenta desahuciar a una mujer Inprimatu
2019/09/05

Argitan y Berri-Otxoak se han concentrado frente a la sede de la Sociedad Pública de Alquiler del Gobierno Vasco con el objetivo de denunciar el intento de desahucio por parte de Alokabide a una mujer víctima de violencia machista. En concreto, se trata de J.T.B. de 41 años, con dos menores a cargo de 15 y 6 años. Familia que no cuenta con ninguna otra alternativa habitacional.

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Mujer víctima de violencia machista que confirman las diferentes denuncias y las diversas resoluciones judiciales; las cuales acreditan las situaciones de maltrato contra esta mujer y sus hijos.

Por este motivo, y ante la llegada y salida en Bilbao de la “Vuelta”. Varias personas con el material deportivo propio de un ciclista (bicis, cascos y culots), se concentran con la intención evidenciar la falta de soluciones que ofrecen las instituciones a las familias afectadas por el desalojo de su vivienda habitual.

Además, de exigir mediante esta iniciativa medidas urgentes e inmediatas para paralizar los desahucios; la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional; y garantizar el derecho a una vivienda digna a todas las personas.

Hay que en cuenta que el pasado 30 de junio se consiguió suspender por 2 meses el primer intento de desalojo de la vivienda donde reside esta mujer y sus dos hijos en Barakaldo.

Por lo cual, y  a lo largo del mes de agosto, se han tenido reuniones con los servicios sociales, donde el consistorio siguió sin dar ninguna solución a este inminente desahucio. Tras insistir pudo inscribirse en el registro local para un posible acceso a una vivienda municipal.

Sin embargo, ha sido imposible mantener un encuentro con algún responsable de Alokabide. Pasan las semanas y este desahucio sigue pendiente.

Esta situación es más grave si cabe, si tenemos en cuenta que esta mujer a lo largo del último año ha intentado dirigirse a los recursos sociales del consistorio o el Servicio Vasco de Vivienda  para regularizar su situación y el uso de la vivienda en la cual reside. En este sentido, y por sugerencia de la oficina del Ararteko, remitió un escrito dirigido a Etxebide en mayo del 2018: aún espera respuesta al mismo.

Cabe destacar que la defensoría del pueblo-Ararteko está pendiente de esta problemática. En la medida que el gobierno municipal o la Consejería de Vivienda están vulnerando el dictamen del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, una alternativa habitacional.

En este caso, las diferentes administraciones concernidas, incumplen la resolución del “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”: el cual remarca en sentencia firme que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

Nuevamente se comprueba qué es un brindis al sol el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. Protocolo de actuación que se suscribió ante la conmoción que supuso el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.
Acuerdo, renovado este pasado mes de febrero entre el Gobierno Vasco, Eudel y CGPJ “para aplicar medidas sociales en desahucios de personas vulnerables. Sobre todo en los supuestos de especial vulnerabilidad como las víctimas de la violencia de género”.

Compromiso de actuación por el cual los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio; y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

Pasadas las semanas se está a la espera de una resolución de este tipo.